Para fortalecer el emprendimiento cultural

Generar un corporativismo que les ayude a posicionarse de una manera más compacta y robusta frente a la administración y el sector, para que se las entienda como un subsector propio. Profundizar en la colaboración a través de herramientas de conocimiento mutuo y relación evitando lógicas competitivas.

Una forma de trabajo abierta que comparta la información las fortalece y puede ayudar a construir modelos de trabajo más eficientes y complementarios.

Podría ser interesante la creación de grupos de trabajo específicos con foco en distintas temáticas que interpelen a los agentes que realizan programas de acompañamiento para generar iniciativas conjuntas (sobre diversidad, sobre financiación de programas de acompañamiento etc).

El mapa que presenta este proyecto puede ser un primer paso hacia la creación de esta red.

La implementación de herramientas de feedback por parte de las entidades acompañantes les permitiría conocer el impacto en los proyectos tras la finalización de sus programas.

Resulta imprescindible mantener una escucha activa con los agentes para mejorar los procesos según sus necesidades y medir de una manera estructurada los resultados del programa, con el fin de hacer seguimientos históricos y corregir errores.

Una de las propuestas más reiteradas por parte de los proyectos acompañados es que los programas mantengan espacios de relación una vez hayan terminado el acompañamiento. Para ello es necesario contar con un seguimiento continuo y fomentar encuentros físicos o virtuales, tanto de los proyectos que están en la actualidad en los programas como de aquellos que ya los han finalizado, propiciando la mezcla entre ellos.

Existe una demanda por parte de los agentes culturales de contar con servicios más especializados y profesionalizados. Las entidades de acompañamiento están respondiendo a estas demandas con cada vez más asesorías u otros formatos individualizados de encuentro con profesionales en diferentes materias.

Se propone que los programas incorporen de manera decidida estas fórmulas y cuenten con profesionales de áreas fundamentales para el emprendimiento (derecho, contabilidad, economía...) y a su vez, que estos estén especializados en cultura (Derecho de la Cultura, Economía de la Cultura...)

Asimismo, se ha comprobado que tienen más eficacia los acompañamientos más cortos y específicos para tareas concretas. Lo que en el informe hemos definido como asesorías.

La mayoría de los proyectos que acceden a programas de acompañamiento son iniciativas lideradas por profesionales. Su principal necesidad es la financiación, por lo que buscan que los programas traten las iniciativas como proyectos maduros, adaptándose incluso a su área cultural concreta (como artes escénicas, por ejemplo).

La mayoría de los programas ya concentran el peso de sus contenidos en aspectos vinculados al modelo de negocio o a la financiación de los proyectos, pero sigue siendo necesario recordar que es la prioridad para los proyectos y que, por lo tanto, debe ocupar una parte importante en el acompañamiento, desde una posición de asesoramiento más que desde una posición de formación en financiación.

Además de una asesoría general en captación de patrocinios o búsqueda y tramitación de subvenciones, resulta necesaria una actualización de los programas sobre otras fórmulas de financiación, como el mecenazgo, los incentivos fiscales y la inversión de impacto.

Sería necesario contar con profesionales en financiación de la cultura que incorporaran estos conocimientos entre los contenidos propuestos.

Las entidades deben reflexionar sobre este aspecto, diseñar sus programas de manera inclusiva, proponer medidas de corrección como becas o ayudas especiales, e incorporar elementos de medición que les den una visión más certera de las estadísticas de los participantes.

La observación y las entrevistas con las entidades oferentes y los usuarios no reflejan que exista diversidad entre los emprendedores culturales, con algunos matices (como el de género). No sabemos si no existe o no se manifiesta, pero en ambos casos supone que no se percibe como un asunto a destacar.

Los programas de acompañamiento tienen que buscar vías de financiación que sean menos dependientes del dinero público y puedan fomentar su estabilidad y continuidad.

Reforzando la propuesta número 4, en la línea de las asesorías especializadas, las entidades oferentes que acompañan podrían dedicar espacios y recursos para formar a especialistas en temas de gestión con la intención de que conozcan y entiendan el funcionamiento y las necesidades del sector cultural.

También resulta necesario formar a las distintas figuras financiadoras para que cuenten con elementos que les permitan analizar y entender la naturaleza y las especificidades de los proyectos culturales.

Se observa una posibilidad de crecimiento de este tipo de servicios de acompañamiento en otros territorios fuera de las principales ciudades y se sugiere la creación de programas públicos de proximidad, por las ventajas que supone, por parte de entidades privadas o administraciones públicas locales.

Los proyectos consultados que han participado en los procesos de acompañamiento manifiestan la necesidad de acceder a mayores recursos (materiales y humanos) pero se ven limitados por sus posibilidades económicas.

Parte de estas necesidades podrían ser cubiertas de manera cooperativa bajo una lógica más colaborativa que competitiva (compartiendo recursos, afrontando servicios conjuntamente etc).

Los propios programas de acompañamiento establecen redes de contacto entre proyectos donde se podrían fomentar estas colaboraciones.

A través de los programas de acompañamiento o de la formación que reciben los agentes culturales, en cualquier caso, es ineludible la necesidad de que el sector esté familiarizado con las herramientas empresariales para emprender un proyecto cultural.

Necesitan conocer los pasos de un proyecto, hacer un modelo de negocio, el lenguaje adecuado, las herramientas empresariales necesarias y poder valorar las necesidades económicas de su proyecto para su puesta en marcha y su sostenibilidad futura.

Los profesionales de la cultura deben poder manejarse en asuntos contables, jurídicos o económicos como cualquier otro emprendedor, pero nunca pretender formar a los agentes en todas esas materias pretendiendo que sustituyan a un profesional en el ámbito.

A pesar de la necesidad de que los agentes culturales tengan formación empresarial, es importante puntualizar que su especialidad profesionalidad no reside primeramente en esos conocimientos. Son profesionales de su quehacer particular, cultural y/o artístico, y la formación empresarial que complemente su actividad debe tener en cuenta este hecho.

La desprecarización del sector debe necesariamente pasar por dotar a los profesionales de la cultura de la posibilidad de contar con servicios especializados que garanticen un buen desempeño en las tareas tangenciales (como hacer un plan de comunicación, contratar a un trabajador o medir la huella de carbono, como algunos ejemplos).

Las asesorías pueden ser herramientas muy útiles para ello y pueden dotarlos de sostenibilidad a largo plazo. En la previsión del desarrollo del proyecto conviene contar con estos gastos externos, teniendo en cuenta su definición, los recursos que requiere y los profesionales que necesita.

Los proyectos deben asumir una responsabilidad solidaria con aquellas incitativas de emprendimiento que incluyen colectivos de mayor vulnerabilidad para su inclusión dentro de los programas de acompañamiento, así como en las propias estructuras de los beneficiarios y en su relación con otros servicios.

Los proyectos deben explorar otro tipo de modelos de financiación que les permitan diversificar las fuentes de ingresos, así como informarse y asesorarse sobre las vías y las novedades al respecto (mecenazgo, incentivos fiscales o inversión de impacto).

El objetivo es poder financiar también sus estructuras y consolidar proyectos más allá del corto plazo.

Aunque ninguna vía de financiación es en solitario la que consolida a un proyecto, la combinación de varias de ellas (incluyendo financiación pública, sobre todo en los inicios, y privada) es la mejor fórmula en la mayoría de los casos.

Dentro de las posibilidades de crecimiento de los proyectos culturales, es importante valorar la inclusión de personal contratado, ponderando tanto el esfuerzo que supone, como los beneficios que puede dar a largo plazo.

Una organización en la que la carga total del trabajo recaiga sobre una sola persona no resulta viable y responde a una situación de auto explotación que no debe perpetuarse. Tener personal o profesionales que realicen tareas concretas es necesario para consolidar los proyectos.

Aunque ya hemos señalado que el sector debe integrar las herramientas y definiciones empresariales, lo cierto es que el sector no debería perder su capacidad de ser un espacio particular donde operan otros acercamientos a la idea de emprender un proyecto. Por ello, en un ejercicio de resignificación, el emprendimiento cultural debería perder el miedo a hablar en términos empresariales y poder hacerlo con sus propios términos o adaptando los existentes.

En este informe se propone un glosario de definiciones que proponen acepciones de algunos términos adaptadas al sector y algunas nuevas incorporaciones a este campo léxico del emprendimiento que vienen del sector cultural.

No en todos los casos, pero a veces la hibridación con otras disciplinas enriquece la actividad cultural y abre puertas a nuevas formas de trabajo que permiten explorar distintos enfoques y acceder a otras fuentes de recursos.

Concretamente, el sector social y el tecnológico, aunque no son los únicos, son una alianza frecuente para el sector cultural. Ambos cuentan con sus propias fuentes de financiación pública o privada y presentan campos de desarrollo que pueden ser muy interesantes para el sector cultural (como proyectos de impacto social y cultura relacionados con la infancia, la exclusión, la privación de libertad etc).

También otros ámbitos como el desarrollo territorial, la lucha contra la despoblación, la salud, el ámbito empresarial y un largo etcétera pueden ser oportunidades muy interesantes para la creación de proyectos híbridos.

Resulta fundamental simplificar los procesos burocráticos que supone solicitar una subvención y justificarla. Los plazos de convocatoria, resolución y justificación deberían responder a unos tiempos razonables, de tal forma que no supongan distorsiones en la actividad.

Por otro lado, se propone que las administraciones destinen personal y recursos específicamente al acompañamiento, en lugar de únicamente a la fiscalización, a través de funcionarios especializados u oficinas, portales online o similares. Esto garantizaría que los procesos se realicen correctamente dando garantía a ambas partes previamente al proceso de justificación.

El conocimiento sobre estos procesos es imprescindible para el sector cultural, por ello resulta necesario que las Administraciones faciliten el acceso y la comprensión de la documentación. Herramientas como fichas, webinars, o cuestionarios actualizados pueden ayudar a facilitar el proceso.

Tomando como ejemplo las ayudas del Instituto Catalán de las Empresas Culturales para la realización de consultorías para empresas o entidades culturales, se propone la creación de nuevas líneas específicas para contratación de servicios profesionales especializados, complementarios a la actividad cultural. Estas convocatorias deberían ser especialmente sensibles con los requisitos de cofinanciación, la admisión de diferentes tipos de asesorías, programas o consultorías, y contemplar los adelantos de pago, permitiendo así un verdadero acceso a estos servicios.

En otras líneas de ayudas cuyo objeto no sea específicamente para la subvención de gastos de acompañamiento, sería recomendable especificar de manera explícita la admisión de este tipo de gastos, tanto entre los gastos subvencionables, si fuera relacionado con el objeto de la subvención, como en tanto que cofinanciación, así como tanto como gastos estructurales o gastos corrientes. En muchas ocasiones resulta ambiguo o es problemática su aceptación.

Las ayudas públicas de cultura no presentan, en general, un seguimiento de los proyectos financiados que devuelva información certera sobre el impacto que provocan. No suelen existir encuentros posteriores con beneficiarios, encuestas, canales de comunicación de los proyectos con la administración posteriores a la ayuda o algún otro tipo de recogida de información formalizada.

Sería conveniente incluir una medición estadística sobre el tipo de proyectos o personas subvencionadas en cada convocatoria (según personalidad jurídica, representación de colectivos vulnerables, localización geográfica, etc.), lo cual podría arrojar información útil para corregir los criterios o mejorar las convocatorias.

Profundizar en la incorporación de este tipo de criterios sociales (de género, de inclusión de personas con discapacidad, entre otros ejemplos) en las convocatorias, como manera de fomentar la diversidad y de priorizar los proyectos que cumplan, además de los criterios económicos, con objetivos afines al objeto de la subvención.

Además, consecuentemente, se debería colaborar desde la administración en ayudar a las entidades a realizar las transformaciones pertinentes para cumplir mejor con estos puntos de las convocatorias, incorporando la formación en sostenibilidad social, e incluso medioambiental, en el acompañamiento.

Por último, generar espacios de diálogo y escucha para integrar la perspectiva de colectivos poco representados que puedan mejorar la cobertura de las convocatorias.

Se propone que, desde los Ayuntamientos, Comarcas, Diputaciones u otras entidades locales, así como desde el sector privado (Grupos de Acción local o Cámaras de comercio), incorporen el emprendimiento cultural como una de las líneas estratégicas de desarrollo territorial, especialmente en el ámbito rural.

La formación, las ayudas, los espacios de co-working o ensayo y otras medidas pueden ser un aliciente determinante para el impulso de estos proyectos.

El enfoque de las Administraciones Públicas a través de las subvenciones debería centrarse más en fortalecer las entidades que realizan los proyectos.

Resulta imprescindible reforzar las estructuras con el objetivo de generar una continuidad en su actividad, que puedan trabajar con menos incertidumbre y consigan diversificar sus fuentes de financiación.

Observar el estado de la cuestión y proponer una adaptación de la legislación general del emprendimiento al sector cultural, en el marco de la nueva Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, popularmente conocida como "Ley de Startups" que proporciona un régimen fiscal favorable, facilita el acceso a la financiación o una la contratación de personal a empresas de nueva creación; o la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, conocida como la Ley "Crea y Crece", que tiene como objetivo facilitar la creación de empresas e incentivar la inversión.

Concretamente, asuntos sobre las limitaciones temporales de las startups, de ingresos para el acceso a los beneficios o sobre la claridad en los criterios que definen a una startup, serían objeto de mejora y de una posible especificidad para el ámbito cultural.

En la misma línea, solicitar a ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A.), la inclusión de los startups culturales como empresas innovadoras y por lo tanto susceptibles de certificación.

La Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005) establece que la diversidad cultural es tanto un patrimonio común de la humanidad como un factor clave para el desarrollo sostenible.

Señala la protección relativa a "tomar parte de los rendimientos culturales", lo cual significa que, además de reconocer y proteger el valor intrínseco y su rol en la vida humana, se debe velar por el acceso a los beneficios económicos y comerciales que se derivan de las actividades, bienes y servicios culturales.

España es uno de los países firmantes de esta convención, así como de otros instrumentos internacionales. Además, nuestra propia constitución, en su artículo 44 establece que los poderes públicos deben promover y tutelar el acceso a la cultura, y el artículo 9.2 CE les exige remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y participación de todas las personas españolas.

Esta podría ser una iniciativa tanto de las administraciones públicas como de las privadas. A partir de los datos que nos arroja este informe, contar con un registro de entidades acompañantes o profesionales que brindan diferentes servicios de asesoría a los proyectos culturales, incluidas las consultoras. El mapa que presenta esta web es un primer comienzo.

Una posibilidad sería, en el futuro, que ese censo tuviera una certificación de garantía, pudiendo vincular líneas de financiación a su contratación.

Sería necesario, desde la academia, revisar los currículums educativos de las formaciones relacionadas con gestión cultural, mediación, formaciones artísticas y, en general, toda la educación reglada destinada a realizar actividades culturales, para que cuenten con la formación necesaria en asuntos empresariales que les permitan desarrollar sus proyectos con un planteamiento viable.